El gobernador Ron DeSantis ha promulgado una ley altamente impopular y controversial, conocida como el proyecto de ley del Senado SB 1718, que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad. Esta ley, impulsada directamente por el primer ejecutivo de Florida y respaldada por la legislatura, ha sido aprobada y ahora se ha convertido en ley, a pesar de la oposición vocal de los floridanos presentes en los comités de la cámara.
La ley SB 1718 es considerada “discriminatoria” y potencialmente inconstitucional, ya que busca imponer restricciones y causar temor en las comunidades de inmigrantes de Florida.
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Algunas de sus disposiciones incluyen:
- La obligación para los empleadores con más de 25 empleados de utilizar E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo. Además, se considera un delito grave el uso de una identificación falsa para obtener empleo, lo que puede resultar en la revocación de la licencia o la imposición de multas considerables si los empleadores violan repetidamente los requisitos de E-Verify. Esto limita el acceso a empleo para personas con estatus migratorios no regulados.
- Se exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso en situaciones de emergencia, y reportar regularmente el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estatus migratorio regulado a la Agencia de Administración de Cuidados de Salud (AHCA) y a la legislatura.
- Se convierte en delito punible con hasta 15 años de prisión el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida. Esto incluye acusaciones de delito grave por regresar al estado, incluso para aquellos que viven de forma permanente en él. También se penaliza la entrada al estado por motivos turísticos o para asistir a reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado.
- Se prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado.
- Se anulan las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado.
- Se establece que el jefe de Seguridad Nacional coordinará las acciones de aplicación de la ley de inmigración en Florida.
- Se deroga la ley que permite a los abogados que aún están regularizando su estatus migratorio ejercer la abogacía.
- Se requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
La promulgación de esta ley ha suscitado preocupación y críticas en diversos sectores, ya que se considera que socava los derechos y la dignidad de las comunidades de inmigrantes en Florida. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y defensores de la justicia han expresado su descontento y se espera que continúen luchando contra esta legislación a través de los canales legales disponibles.
