La policía federal de los EE.UU. arrestó a un ciudadano estadounidense y dos residentes permanentes legales que viven en el sur de la Florida y un ciudadano estadounidense que vive en Tampa en virtud de denuncias penales por cargos relacionados con su participación en los eventos que llevaron al asesinato de 7 de julio de 2021 del Presidente Jovenel Moise de Haití.
Luego de los arrestos, un gran jurado del sur de la Florida emitió una tercera acusación formal acusando a estas cuatro personas, junto con otras siete personas previamente arrestadas y acusadas en los EE.UU., por su supuesta participación en el complot.
Los cuatro hombres arrestados en Florida son: Arcangel Pretel Ortiz, de 50 años, ciudadano colombiano y residente permanente de los Estados Unidos en Miami; Antonio Intriago de 59 años, ciudadano venezolano y residente permanente de los EE.UU. en Miami; Walter Veintemilla, 54, de Weston; y Frederick Bergmann, de 64 años, de Tampa.
Están programados para comparecer el martes 14 de febrero de 2023 ante un tribunal federal en Miami ante la jueza federal Lauren F. Louis.
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Con los últimos arrestos, 11 personas ahora enfrentan cargos en el Distrito Sur de Florida en relación con el asesinato. La tercera acusación formal acusa a Ortiz, Intriago y Veintemilla, así como a James Solages, de 37 años, Joseph Vincent, de 57, y Germán Alejandro Rivera García, de 44, quienes fueron puestos bajo custodia estadounidense el mes pasado; Mario Antonio Palacios Palacios, 43, detenido en enero de 2022; Rodolphe Jaar, 49, arrestado en enero de 2022; y Joseph Joel John, de 51 años, arrestados en mayo de 2022.
Estos acusados Ortiz, Intriago, Veintemilla, Solages, Vincent, Rivera, Palacios, Jaar y John están acusados de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos a una conspiración para secuestrar o matar fuera de los Estados Unidos, con resultado de muerte; proporcionar apoyo material y recursos a una conspiración para secuestrar o matar fuera de los Estados Unidos, con resultado de muerte; y conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de los Estados Unidos.
La acusación formal adicional acusa a Christian Emmanuel Sanon, de 64 años, ya Bergmann de: conspiración para cometer infracciones de exportación; presentar información de exportación falsa y engañosa; y el contrabando de chalecos balísticos de Estados Unidos a Haití. Al igual que con Solages, Vincent y Rivera, Sanon fue transferido de la custodia haitiana a la custodia estadounidense el mes pasado.
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Según documentos judiciales, al menos desde febrero de 2021 hasta julio de 2021, el sur de la Florida sirvió como un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse del poder y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los coconspiradores.
Ortiz e Intriago son directores de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security (colectivamente, CTU), y Veintemilla es director de Worldwide Capital Lending Group (Worldwide). CTU y Worldwide son empresas del sur de la Florida. Bergmann, que vivía en Tampa, tenía vínculos con Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense con doble nacionalidad que tenía aspiraciones políticas en Haití, dicen los documentos acusatorios.
Como se alega, en abril de 2021, Ortiz, Intriago, John, Solages y Sanon se reunieron en el sur de Florida y acordaron un plan: Ortiz e Intriago, a través de CTU, apoyarían el derrocamiento del presidente haitiano Moïse y su reemplazo por Sanon. A cambio, una vez que Sanon asumiera la presidencia, otorgaría lucrativos contratos a CTU para proyectos de infraestructura en Haití, la provisión de fuerzas de seguridad y el suministro de equipo de tipo militar a un gobierno haitiano liderado por Sanon, según las denuncias.
Se alega que a fines de abril de 2021, Veintemilla y su compañía Worldwide acordaron ayudar a financiar el golpe de estado, extendiendo una línea de crédito de $175,000 a CTU y enviando dinero a los cómplices en Haití para comprar municiones. Veintemilla esperaba obtener importantes beneficios financieros a través de Worldwide en caso de que el presidente Moise fuera reemplazado como presidente, al igual que Ortiz e Intriago a través de CTU.
La planificación y el gasto continuaron en el sur de Florida desde abril hasta junio de 2021, según los documentos de acusación. Por ejemplo, Ortiz e Intriago, como directores de CTU, retuvieron un grupo de unos 20 ciudadanos colombianos con entrenamiento militar (incluidos Rivera y Palacios) para brindar seguridad a Sanon. Bergmann se convirtió en partidario e inversionista que ayudó a financiar el alojamiento de los colombianos en Haití y trabajó con Sanon e Intriago para enviar 20 chalecos balísticos de la marca CTU desde el sur de Florida a Haití falsificando la documentación de exportación requerida.
Para junio de 2021, el plan evolucionó cuando Ortiz, Intriago, Veintemilla y otros aparentemente se dieron cuenta de que Sanon no tenía las calificaciones constitucionales ni el apoyo popular del pueblo haitiano para convertirse en presidente. Cambiaron su apoyo de Sanon a un ex juez de la Corte Suprema de Haití. Este nuevo candidato contrató a CTU y Worldwide para atender los intereses financieros de las empresas al convertirse en presidente.
También se alega que para junio de 2021, el complot avanzó desde sacar a Moïse del poder por la fuerza hasta asesinarlo. En particular, la conspiración comenzó a centrarse en el asesinato después de un intento fallido de capturar al presidente Moïse en un viaje de regreso a Haití y llevarlo en avión a un lugar fuera del país.
Según los documentos de acusación, desde el sur de Florida, Ortiz e Intriago administraron y dirigieron a otros miembros de la conspiración, incluido Solages, un representante de la CTU en Haití (que coordinó con Vincent y Sanon) y los ciudadanos colombianos que participaron en el asesinato (a través de Rivera y/u otro líder colombiano en Haití que fue asesinado cuando intentaba abandonar la escena del asesinato).
Se alega que John, un exsenador haitiano, y Jaar ayudaron a conseguir armas y brindaron otro tipo de apoyo.
El 6 de julio de 2021, los co-conspiradores se reunieron en una casa cerca de la residencia del presidente Moïse, donde se distribuyeron armas de fuego y equipo, y se anunció que la misión era matar al presidente Moïse, según las denuncias. El 7 de julio de 2021, varias personas llegaron frente a la residencia del presidente Moïse, algunas de las cuales vestían chalecos balísticos con la marca CTU. Entraron a la casa del Presidente y lo mataron.
Si son declarados culpables, Ortiz, Intriago, Veintemilla, Solages, Vincent, García, Palacios, Jaar y John se enfrentan a cadena perpetua. Bergmann y Sanon enfrentan hasta 20 años, si son declarados culpables. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, el Agente Especial Interino a Cargo Maged Behnam de la Oficina Local del FBI en Miami y el Director Ejecutivo Adjunto Interino para Investigaciones de Seguridad Nacional Antonio Salisbury.
El FBI y HSI investigaron estos casos, con la valiosa asistencia proporcionada por el Departamento de Estado, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Departamento de Comercio de EE. UU., la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Control de Exportaciones y el Servicio de Investigación Criminal del Departamento de Defensa. .
Los fiscales federales adjuntos Andrea Goldbarg y Monica Castro del Distrito Sur de Florida, los abogados litigantes Frank Russo y Jessica Fender de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional y Emma Ellenrieder de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional están procesando este caso. El fiscal federal adjunto Joshua Paster está manejando la confiscación de activos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una valiosa asistencia.
